El pasado 8 de julio, en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la Misión Permanente de Costa Rica fijó una posición que vale la pena que la comunidad conozca de primera mano, sin filtros ni interpretaciones ajenas.
El consejero Gustavo Corella Cordero manifestó el rechazo del país al uso de tres términos: “violencia reproductiva”, “masculinidad patriarcal” e “interseccionalidad”. El argumento oficial es jurídico: según Corella, estos conceptos no están definidos ni acordados en tratados internacionales vinculantes, y su incorporación progresiva como criterios normativos podría representar una expansión no autorizada de esos tratados. Es un argumento sobre soberanía interpretativa, no una declaración aislada — y por eso merece leerse con cuidado
La posición no se quedó ahí. Costa Rica también dejó constancia de que no acepta, para el término “género”, una definición distinta a la que establece el artículo 7.3 del Estatuto de Roma: una definición binaria, entendida como los dos sexos en el contexto de la sociedad. Y sobre “autonomía corporal” y “derechos sexuales y reproductivos”, la delegación fue clara en que estos conceptos no pueden interpretarse de forma que, según su lectura, desconozcan el derecho a la vida.
Lo que hace distinta esta posición de una simple nota diplomática es de dónde vino. La diputada oficialista y pastora evangélica Kattya Mora confirmó en redes sociales que la postura fue gestionada desde su despacho, con el aval de la presidenta Laura Fernández. Es decir, no fue una posición técnica aislada de la cancillería: tuvo un origen político identificable, y eso es un dato relevante para entender el momento que atraviesa el país en foros internacionales.
Este episodio no ocurre en el vacío. Costa Rica ya había marcado distancia de espacios multilaterales de derechos LGBTIQ+ este año, y esta posición en Ginebra se suma a esa misma dirección. No nos corresponde calificar la decisión ni el debate jurídico de fondo sobre qué términos deberían o no reconocerse en tratados internacionales — eso seguirá discutiéndose en foros diplomáticos y académicos. Lo que sí nos corresponde, como comunidad, es tener la información completa y de fuente verificable para entender qué está pasando y por qué importa.
Aquí es donde volvemos a algo que repetimos seguido: el avance legal y la realidad vivida no siempre caminan en la misma dirección — y a veces tampoco caminan en el mismo sentido. Mientras en el terreno hay comunidad, hay espacios que se sostienen, hay historias que se siguen contando, en el plano institucional el lenguaje mismo que nombra nuestras realidades puede estar en disputa. Seguir de cerca estas discusiones, con datos precisos y sin alarmismo, es parte de lo que significa hacer visibilidad honesta.
Vamos a seguir esta conversación de cerca, con la misma exigencia de siempre: fuentes verificables, contexto completo, y ningún atajo hacia la exageración ni hacia la minimización.
