Este 4 de julio, cientos de miles de personas llenaron las calles de Madrid bajo un lema que no fue elegido al azar: “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia.” No fue una consigna de celebración. Fue una consigna de alerta. Los organizadores exigieron algo muy concreto: un Pacto de Estado contra los discursos de odio.
Que Madrid —una de las capitales Pride más consolidadas del mundo, con matrimonio igualitario desde 2005— sienta la necesidad de hablar de “resistencia” en 2026 dice algo importante. Y ese algo no es exclusivo de España.
Los datos lo confirman con una precisión incómoda. Según ILGA Mundo, la organización que monitorea los derechos LGBTI a nivel global desde hace casi cinco décadas, 65 Estados miembros de la ONU criminalizan hoy los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, una cifra que, según reportó El Espectador, aumentó por primera vez en casi una década. Uganda impuso la pena de muerte para ciertas formas de relaciones consensuales entre personas del mismo sexo. Irak codificó una criminalización que hasta entonces solo existía de facto. Ghana avanza con un proyecto de ley que endurece las penas contra la comunidad, apoyándose en disposiciones heredadas de la era colonial.
Pero reducir esto a “países lejanos con leyes duras” sería quedarnos con la lectura más cómoda, no la más honesta. El retroceso también avanza en democracias consolidadas, y ahí es donde se pone más interesante y más peligroso.
En Argentina, Javier Milei impulsó reformas a la pionera Ley de Identidad de Género de 2012 para vetar tratamientos hormonales en adolescentes trans. ILGA advirtió sobre un “empeoramiento de las condiciones de vida” de las personas LGBTI en el país que hace apenas unos años era referencia regional. En Chile, José Antonio Kast no tardó ni un mes desde que asumió la presidencia en retirar el respaldo de su país a la declaración de derechos LGBTI de la OEA. En El Salvador, Nayib Bukele prohibió el uso de “x”, “e” o “todos y todas” en las escuelas. Y en Estados Unidos, la Corte Suprema tiene sobre la mesa desafíos directos al fallo Obergefell de 2015, el que legalizó el matrimonio igualitario en todo el país, un debate que se creía cerrado hace once años.
Lo más inquietante no es solo qué se está legislando, sino cómo se está legislando. ILGA Mundo lo describe como un cambio de estrategia: ya no se trata de cuestionar abiertamente la homosexualidad en sociedades con altos niveles de aceptación social, ese discurso ya no funciona, sino de desplazar el debate hacia la “protección de los menores” o los “valores familiares”, presentando la educación en diversidad como una amenaza en sí misma. Es un guion que ILGA llama, textualmente, “reaccionario” uno que muchos daban por superado.
Y el retroceso no se mide solo en leyes. Un informe de la consultora LLYC, que analizó 15 millones de noticias y 202 millones de mensajes en X en 12 países, encontró que la cobertura mediática sobre temas LGTBI cayó a un ritmo del 10% trimestral desde 2023. Las empresas con políticas de inclusión activa son un tercio menos que hace tres años. Los mensajes de apoyo público al colectivo en redes sociales se redujeron a la mitad. Esto no es un retroceso legal — es un retroceso de visibilidad, que ocurre en silencio, sin necesidad de que se apruebe ninguna ley.
¿Significa esto que todo se está perdiendo? No, y decir eso sería tan deshonesto como negar el problema. El propio informe de ILGA documenta avances reales en el mismo período: cinco países —Ecuador, Finlandia, Alemania, Nueva Zelanda y España— adoptaron el reconocimiento legal de género por autoidentificación desde 2023. Singapur, Mauricio, Dominica y las Islas Cook despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo en ese mismo lapso. El propio Orgullo de Madrid de este año reunió, según medios como Infobae, a más de 100 grupos y 47 carrozas, con representación directa del gobierno español en primera línea.
La imagen más honesta no es la de un mundo que retrocede uniformemente, ni la de un mundo que avanza sin freno. Es la que describe el académico Phillip Ayoub, citado por Metro Puerto Rico: un escenario que avanza “a velocidades distintas”, donde el progreso en una región puede coexistir, al mismo tiempo, con la restricción abierta en otra.
Esa es la parte incómoda que vale la pena sentarse a mirar de frente: los derechos LGBTQ+ nunca fueron una escalera que solo sube. Son más parecidos a una marea, avanzan, retroceden, y solo se quedan donde alguien decide plantarse a defenderlos.
Costa Rica no es una excepción a ese patrón global, aunque a veces nos guste pensar que sí.
Somos el primer país de Centroamérica en tener matrimonio igualitario, y eso es real. Pero también somos, hoy, un ejemplo bastante claro de ese “guion reaccionario” que describe ILGA.
Este 7 de abril de 2026, el canciller Arnoldo André confirmó que Costa Rica se retiraba del Core Group LGBTIQ-OEA, el foro especializado de la Organización de los Estados Americanos donde el país había participado activamente durante casi una década, intercambiando buenas prácticas y coordinando posiciones sobre derechos humanos y diversidad sexual en la región. Su justificación, citada textualmente por Semanario Universidad, fue esta: “Al haber completado a nivel nacional la protección plena de los derechos de todas las minorías (…) decidimos no participar activamente más en ese grupo.”
Vale la pena notar el momento exacto en que ocurrió: a menos de un mes de que terminara la administración Chaves, apenas semanas antes de que asumiera la presidenta electa Laura Fernández. Y vale la pena notar también el patrón regional en el que encaja, el propio canciller no lo mencionó, pero medios como Infobae señalaron que esta decisión llegó apenas meses después de que Chile, bajo el gobierno de José Antonio Kast, se negara a respaldar una declaración similar de la OEA — y que tanto Chaves como Fernández asistieron a la toma de posesión de Kast, algo que algunos sectores interpretaron como una señal de afinidad ideológica.
La respuesta de la sociedad civil fue inmediata y contundente. 28 organizaciones y 51 personas firmaron un pronunciamiento conjunto calificando la salida como parte de “un patrón” de alejamiento de espacios internacionales de derechos humanos. Y el dato que citaron para sustentarlo es difícil de leer sin sentir el peso real: según el Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025 de Naciones Unidas, los ataques hacia personas LGBTIQA+ en Costa Rica aumentaron un 344%, convirtiéndose en el tipo de discriminación de mayor crecimiento en el país, dentro de un registro de más de 2,1 millones de manifestaciones de este tipo.
Ese dato importa más que cualquier justificación diplomática. Se puede alegar que el país ya “completó” su protección legal, pero un aumento del 344% en discursos de odio no describe a un país que llegó a la meta. Describe exactamente lo contrario.
El sindicato ANEP Diversidad lo resumió con una frase que vale la pena repetir tal cual: “los retrocesos en derechos humanos suelen iniciar con el debilitamiento de compromisos internacionales, la desarticulación de espacios de cooperación y la reducción de mecanismos de vigilancia externa.” No hace falta derogar una ley para empezar a retroceder. A veces basta con dejar de estar en la sala donde se sigue discutiendo.
Las organizaciones también señalaron algo que conecta directamente con lo que ya hemos hablado en este espacio: el Estado costarricense todavía no cumple con las recomendaciones internacionales de recolectar datos oficiales sobre su propia población LGBTIQA+, a pesar de que se lo han pedido reiteradamente instancias como el Examen Periódico Universal. Si no se mide, no se ve. Y ahora, además, se retira de uno de los pocos espacios donde ese vacío se discutía activamente.
Nada de esto significa que los derechos conquistados en Costa Rica hayan desaparecido de un día para otro. El matrimonio igualitario sigue vigente. Pero, como bien lo dijo ANEP Diversidad, la defensa de los derechos humanos no puede asumirse como irreversible ni garantizada. La marea sube y baja aquí también y en este momento específico, se está retirando.
Por eso lemas como “disidencia y resistencia” no son dramatismo. Son una lectura precisa de un momento histórico real. Y por eso plataformas como esta existen no para dar por sentado lo que ya se ganó, sino para seguir plantados, exactamente donde la marea intenta empujarnos hacia atrás.
